Su ámbito de aplicación es el previsto en el artículo 2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios públicos. La presente Ley, en los términos expresados en su disposición final primera, será de aplicación:

a) A las Administraciones Públicas, entendiendo por tales la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, así como las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las mismas.
b) A los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
c) A las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas.”
Su aplicación tendrá lugar en las actividades que se desarrollen en régimen de derecho público.

Pero además, en la misma ley se prevé la posibilidad de que los ciudadanos también apliquen técnicas de conversión del formato papel a electrónico, siempre que se garantice la integridad y fidelidad con el original, lo que se logra con los sistemas de digitalización certificada:

“Articulo 35. Iniciación del procedimiento por medios electrónicos. 2. Los interesados podrán aportar al expediente copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizaran mediante la utilización de firma electrónica avanzada.”

Dentro del ENI, se pueden encontrar, entre otras, las normas Técnicas de Interoperabilidad relativas a la Digitalización de Documentos, de Expediente electrónico y de Documento electrónico.

En relación con la digitalización de documentos, la Resolución de 19 de julio de 2011 de la Secretaría de Estado para la Función Pública aprueba la Norma técnica de Interoperabilidad que, expresamente establece los componentes de un documento electrónico digitalizado, incluyendo la imagen electrónica, firma electrónica y metadatos, así como las reglas para la digitalización de documentos en soporte papel por parte de las Administraciones Públicas, atendiendo a los formatos, niveles de calidad, condiciones técnicas y estándares aplicables.
Gracias a esta Resolución, las AAPP disponen del marco legal necesario para llevar a cabo la transformación de todos los documentos físicos a soporte electrónico ganando, de esta forma, en eficacia y eficiencia en su actividad de servicio a los ciudadanos.