El 2 de octubre de 2016 entró en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Dicha Ley obliga a las sociedades mercantiles y entidades sin personalidad jurídica como asociaciones, sociedades civiles, comunidades de bienes, herencias yacentes o comunidades de propietarios